NO A LA TALA DE ARBOLES

EL NEGOCIO DE TALAS DE ARBOLES 

La Amazonía de Perú, que ocupa más de la mitad del territorio nacional, ha comenzado a despertar el interés de empresas trasnacionales. Estas grandes compañías adquieren Bonos de Carbono correspondientes a enormes extensiones de tierras. Sin embargo, algunas comunidades indígenas denuncian que han sido engañadas.

Diferentes empresas británicas han llegado hasta allí para adquirir los derechos sobre sus bosques o Bonos de Carbono, que son un mecanismo para reducir la emisión de CO2. Con la iniciativa, esperan obtener los créditos que podrían otorgarse por haber reducido las emisiones excesivas causadas por la deforestación desmedida. Pero muchos denuncian posibles violaciones a los derechos de los pueblos originarios durante este proceso.

"Ya hemos tenido estos primeros intentos de actos de mala fe, donde algunas personas extranjeras están viniendo a querer hacer un convenio y, es más, un convenio en inglés, en un idioma que no es de los pueblos originarios, y sin la debida lectura ni comprensión, quieren firmar contratos para este negocio de carbono por 40 años", manifiesta Alberto Pizango, presidente de Aidesep, organización que reúne a diferentes organizaciones sociales de la Amazonía peruana.

Se abrió el camino para esta negociación después de una reunión que hubo en la ONU, donde se creó un programa llamado REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) el cual tenía, en principio, la intención de pagarle a los países pobres, o en desarrollo, que demostraran haber disminuido la contaminación de la atmósfera y de esta manera evitar consecuentemente la tala desmedida de sus bosques.

El problema surgió cuando se redactó un informe donde se decía que las naciones subdesarrolladas no podrían comprobar la reducción de carbono por falta de tecnología. Por lo tanto, los que sí cuentan con esas herramientas quieren adquirir las concesiones de esas tierras.

"Lamentablemente el estado peruano es un estado muy debilitado y no le permite tener una posición de fuerza frente a las grandes empresas, entonces ahí está el problema; por eso es que se producen también los conflictos", señala Juan Vaccari, director ejecutivo del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente peruano.

En primera instancia, las compañías están obligadas a presentar un plan de manejo donde diga cuánto carbono van a capturar en una cantidad de espacio determinado que puede ser de hasta 40 mil hectáreas. Teóricamente, los nativos recibirían una compensación económica por dejar que otros "cuiden" sus tierras, pero muchos están seguros de que ese pago será insignificante. Además, una vez que las empresas se instalen en esos bosques, van a poder generar otros réditos económicos para sus arcas pudiendo explotar de diferentes maneras el espacio cedido.

"Las empresas tienen luego una serie de beneficios, concesiones que van desde 15, 20, 25 años y van manejando, de esta manera, el bosque porque ya el REDD te permite incluso explotar "racionalmente" el bosque, les permite explotar madera también, entonces ahí hay un juego de algunos cientos de miles y millones de dólares para las grandes empresas", explicó Vaccari.

Este programa incluye finalmente la obligación para los concesionarios de reforestar la zona, pero en caso que no se cumpla quienes van a pagar las consecuencias serían los que consideran a esas tierras como su casa.  

La tala ilegal de árboles, impulsada por mafias organizadas que están devastando los bosques del mundo, es un negocio que genera entre $us 10.000 y 15.000 millones a nivel global.
En algunos países cerca del 90 por ciento de la madera exportada es talada ilegalmente, de acuerdo al informe.

"La mayoría de las operaciones de deforestación de este tipo son realizadas por bandas de crimen organizado y las ganancias muchas veces acaban en los bolsillos de funcionarios corruptos", asegura el documento titulado "Justicia para los bosques".

La lista de países afectados incluye a Indonesia, Madagascar y varias naciones en África y América Latina.

El informe difundido por la BBCMundo, cita estimaciones según las cuales un gran porcentaje de la madera exportada por algunos países es talada en forma ilegal. El porcentaje es nada menos que de 80 por ciento en el caso de Perú y Bolivia y 70 por ciento en el caso de Ecuador, según el documento.

  Se destaca que algunos países están logrando combatir la tala ilegal penalizando a los responsables a través de la justicia criminal y urge a otras naciones hacer lo mismo.

"La mayoría de las operaciones de deforestación de este tipo son realizadas por bandas de crimen organizado y las ganancias muchas veces acaban en los bolsillos de funcionarios corruptos"

También señala que las donaciones internacionales deben incluir fondos para fortalecer tanto los sistemas judiciales como los departamentos encargados de monitorear la desforestación.

"Cuando se trata de tala ilegal, debemos combatir al crimen organizado de la misma forma que perseguimos a los narcotraficantes", dijo Jean Pesme, gerente de la unidad sobre integridad en mercados financieros del Banco Mundial. El informe señala que cada dos segundos se pierde un área de bosque equivalente a una cancha de fútbol en algún lugar del mundo debido a la tala ilegal.

NARCOTRÁFICO El informe encuentra varios paralelos entre la comercialización de la madera talada ilegalmente y las drogas.

"Pero actualmente, la mayoría de los crímenes de tala ilegal no se detectan ni reportan o son ignorados".

"Las investigaciones sobre talas ilegales, en las pocas ocasiones en que tienen lugar, suelen ser poco profesionales y no conducen a resultados concretos", agrega el documento.

"Los casos que llegan ante la justicia tienden a ser los menores y se procesa sólo a personas que acaban cometiendo actos criminales debido a la pobreza". La tala ilegal puede darse en situaciones muy diversas, desde el corte de algunas ramas para leña a manos de los habitantes de una aldea, hasta los equipos altamente mecanizados de las organizaciones criminales.